Las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) en Argentina se ven obligadas a cumplir con un total de 62 obligaciones tributarias cada año, según un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) y la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC). Este panorama revela la complejidad del sistema fiscal que enfrentan estas entidades.
El Vademécum tributario argentino de PyMEs 2026 indica que las empresas deben gestionar 34 tributos distintos y 28 regímenes de percepción, retención e información. Entre los impuestos nacionales, se destacan el Impuesto al Valor Agregado (IVA), el Impuesto a las Ganancias y otros relacionados con importaciones y exportaciones.
A nivel provincial, las PyMEs deben hacer frente a ocho tributos, entre ellos el Impuesto sobre los Ingresos Brutos (IIBB) y el Impuesto Inmobiliario. En el ámbito municipal, los 10 tributos incluyen la Tasa por Inspección, Seguridad e Higiene y diversas tasas inmobiliarias.
Comparado con el relevamiento del año anterior, la cantidad de tributos aplicables se redujo de 37 a 34, gracias a la eliminación de impuestos internos sobre seguros y telefonía celular. Sin embargo, el reporte señala que solo una de estas reducciones representó un alivio generalizado para las empresas.
El estudio tomó como referencia una PyME típica, constituida como S.R.L., que realiza actividades de importación y exportación, y enfrenta tributos tanto directos como indirectos que se reflejan en los costos de servicios básicos.
El informe también resalta cómo los 28 regímenes de percepción, retención e información generan importantes obstáculos a la competitividad. Las PyMEs deben destinar recursos significativos a cumplir con estas obligaciones, lo que puede resultar en sanciones por incumplimientos.
Finalmente, se menciona el problema de los saldos a favor acumulados, que, debido a la burocracia en los trámites de devolución, se convierten en un incremento encubierto de las alícuotas tributarias.
Fuente: NA
