La reciente decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación respecto a la ley de tierras rurales de 2011 marca un hito significativo en la política económica del país. Esta ley, que limitaba la propiedad de tierras por parte de extranjeros, ha sido objeto de debate desde su sanción.
La ley estableció restricciones que permitían que los extranjeros poseyeran no más del 15% de las tierras en Argentina, con un tope del 30% en tierras de una misma nacionalidad. Además, prohibió la compra de áreas cercanas a cuerpos de agua y estableció un límite de 1000 hectáreas en lo que se conoce como la “zona núcleo”, que abarca partes de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba.
El fallo reciente de la Corte, que desestimó los planteos cautelares contra el DNU 70/2023, podría impulsar un cambio en la regulación del mercado de tierras, permitiendo una mayor inversión extranjera. Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti subrayaron que la defensa de la soberanía territorial es una prerrogativa del Estado y no puede ser reivindicada por cualquier entidad.
La Corte aclaró que su decisión no se pronuncia sobre la constitucionalidad de la derogación de la ley, dejando abierta la posibilidad de que futuros litigios puedan surgir si se demuestra un perjuicio concreto. Esto limita el papel de los tribunales en debates políticos amplios y reafirma la necesidad de que se discutan estas cuestiones en el Congreso de la Nación.
Desde su implementación, la ley de tierras ha sido criticada por su enfoque restrictivo, que, según expertos, ha ahuyentado inversiones en sectores clave como la agroindustria y las energías renovables. Se argumenta que permitir la inversión extranjera podría resultar en un aumento de la infraestructura local y la creación de empleo.
La derogación de esta ley podría restablecer la propiedad privada como un componente esencial para el crecimiento económico, permitiendo a los propietarios argentinos decidir sobre su patrimonio. De esta manera, se busca fomentar un ambiente que incentive la inversión y el desarrollo sostenible.
Fuente: La Nación
