Un reciente fallo del Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de San Nicolás ha desatado una intensa polémica al absolver a Maximiliano Cabaleyro, líder del Sindicato de Camioneros, y a otros seis imputados por el bloqueo de la pyme Distribuidora Rey de San Pedro. La decisión, tomada por el juez Alejandro López, ha sido calificada como un grave retroceso para la seguridad jurídica en el país.
La fiscalía había solicitado una pena de diez años de prisión para los acusados, imputados por delitos de extorsión, coacción y turbación de la posesión. Sin embargo, el tribunal optó por absolver a los imputados, argumentando que actuaron en el «ejercicio legítimo del derecho de huelga». Este argumento ha generado críticas, ya que se considera que confundir la protesta laboral con conductas delictivas es una seria regresión jurídica.
Desde el sector empresarial, el Movimiento Empresarial Anti Bloqueos (MEAB), junto a la Unión Industrial Argentina (UIA) y la Cámara Argentina de Comercio (CAC), han expresado su rechazo a la decisión y han solicitado el enjuiciamiento del juez López. Aseguran que permitir la impunidad de las acciones de los sindicatos representa una amenaza para el libre ejercicio del comercio y la propiedad privada.
La situación ha llevado a cuestionar la independencia del sistema judicial. La necesidad de revisar este fallo por instancias superiores es vista como crucial para restablecer la confianza institucional y asegurar que la justicia no se convierta en cómplice de actos de violencia y coerción. La comunidad empresarial sostiene que el desarrollo sostenible del país está en riesgo si la justicia no actúa frente a la extorsión y la impunidad.
Fuente: La Nación
