El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, ha mostrado su desacuerdo con una reciente decisión judicial que ordena la provisión de carne roja para los internos de las cárceles de la provincia. Esta controversia surge tras una intimación del juez Marcelo Nieto Di Biase, quien exigió al Poder Ejecutivo local la compra de carne en un plazo de 72 horas.
La resolución judicial se produjo después de una audiencia relacionada con un hábeas corpus colectivo promovido por reclusos del Instituto Penitenciario Provincial (IPP). Desde marzo, el Ministerio de la Defensa Pública ha planteado preocupaciones sobre la calidad de la alimentación en las cárceles, haciendo hincapié en la necesidad de mejorar la ingesta proteica para aquellos internos con requerimientos médicos específicos.
El subsecretario de Justicia, Rodrigo Miquelarena, ha informado que se ha iniciado un proceso para evaluar la compra de carne, con el objetivo de mejorar las viandas diarias de los detenidos en la Alcaidía Policial y en el IPP.
A pesar de esto, el gobernador Torres ha expresado públicamente su rechazo a la orden judicial, argumentando que refleja un “garantismo berreta” que beneficia a los delincuentes en detrimento de los derechos de los ciudadanos respetuosos de la ley. En sus declaraciones, ha manifestado que hay jueces que obstaculizan la justicia y que, en su opinión, priorizan a los delincuentes sobre las víctimas.
Torres ha calificado la resolución como una “falta de respeto” y ha hecho un llamado a la justicia para que se enfoque en proteger a las víctimas y no a los infractores. Su mensaje ha resonado con un sector de la población que se siente indignado por lo que considera una injusticia en el trato hacia los presos.
Fuente: La Nación
