El caso del asesinato de Bastian Escalante, un niño que perdió la vida a manos de un policía en julio de 2024, ha tomado un nuevo giro tras la decisión de la Cámara de Casación, que ha ratificado los delitos por los cuales el agente fue condenado, pero ha solicitado una revisión de la pena impuesta.
El 8 de octubre de 2025, la jueza María Angélica Sayago del Castillo había establecido una pena de 21 años de prisión y 10 años de inhabilitación para Juan Alberto García Tonzo, quien fue hallado culpable de homicidio agravado por el uso de arma, tentativa de homicidio agravado con uso de arma y exceso de la legítima defensa.
Recientemente, la defensa del policía apeló la sentencia y la Sala III del Tribunal de Casación Penal, compuesta por los jueces Víctor Horacio Violini y María Florencia Budiño, decidió revocar parcialmente el fallo. Aunque los jueces confirmaron los delitos, solicitaron que se reconsiderara la duración de la pena eliminando tres agravantes que habían sido considerados en el juicio anterior.
Uno de los agravantes cuestionados fue la muerte del menor, argumentando que este hecho es la base de la condena. Asimismo, se eliminaron las consideraciones sobre la conducta del agente después del incidente, incluyendo su falta de asistencia al niño y la falta de arrepentimiento, así como la eliminación del uso abusivo de su arma reglamentaria.
La fiscal del caso, Mariela Montero, ha decidido apelar la decisión de Casación y ha comunicado su intención de solicitar que se mantenga la pena original de 21 años. Ante esta resolución, los padres de Bastian se reunieron con su abogado, Matías Morla, para discutir estrategias a seguir en la búsqueda de justicia.
Morla expresó su desacuerdo con la decisión de la Cámara, afirmando que se continuará luchando por la máxima pena posible, que según el abogado debería ser de 33 años. Afirmó que los hechos demuestran que el policía disparó sin medir las consecuencias y no mostró ningún tipo de remordimiento o asistencia a la familia de la víctima.
El abogado también destacó el impacto emocional que el crimen ha tenido en la familia de Bastian, señalando que la madre ha tenido que someterse a tratamientos psiquiátricos y el padre ha sufrido ataques de pánico, lo que ha fracturado irreversiblemente al núcleo familiar.
Morla concluyó reafirmando que los agravantes en el caso de García Tonzo están debidamente comprobados, indicando que su condición de funcionario público, el hecho de que la víctima fuera un menor y su falta de arrepentimiento son elementos que deben ser considerados en la revisión de la pena.
Fuente: NA
